Entre enero del 2021 y marzo del 2024 se perdieron en la Amazonía Sur Oriental peruana unas 30.846 hectáreas de bosque sin que las autoridades tomen acciones para frenar la depredación y a la minería ilegal, lamentó el gremio empresarial Comex Perú.
Del total de hectáreas de bosques perdidas, un 26.2% se encontraban fuera del corredor minero formal, según un estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El 73.8% restante de hectáreas perdidas ocurrieron en el corredor minero formal, aunque cabe precisar que en años anteriores el Centro de Investigación Científica Amazónica (CINCIA) determinó que en la selva sur la actividad minera artesanal es responsable del 70% de los bosques perdidos.
Comex señala que a pesar de esta problemática, la respuesta de las autoridades es escasa. Los resultados del Reinfo, un programa de formalización para los emprendedores mineros, son lamentables: A casi ocho años de su inicio, solo figuran 18.561 registros vigentes de 84.518. “Esto significa que apenas el 22% de los mineros registrados durante este periodo han logrado formalizarse, lo que evidencia el fracaso de este proceso”, señalan.
A nivel departamental, Arequipa posee el mayor número de mineros registrados con 16,260, de los cuales solo 3,823 (23.5%) se encuentran en estado vigente. A este le siguieron Puno (12,127 mineros registrados; 3,964 vigentes; 32.7% del total) y Madre de Dios (9,007; 1,686; 18.7%).
Estos resultados se multiplican si consideramos el universo de mineros ilegales e informales que ni siquiera figuran en el Reinfo. Según un estudio de la organización Capital Humano y Social Alternativo, la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), hasta 430,000 mineros ilegales ni siquiera habrían sido identificados por el Reinfo. Solo en Madre de Dios existirían 40,000 mineros informales e ilegales, según un estudio de USAID.
“Hoy por hoy, es poco creíble que la situación mejore solo con cambiar las leyes, cuando la capacidad y la voluntad política del Estado de hacer que estas se cumplan sigue siendo la misma: nula. ¡¿Hasta cuándo?!”, expresaron.
