El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue censurado por el Congreso de la República y deberá presentar su renuncia al cargo, en momentos en que el país busca formalizar a la minería ilegal para lo cual el ministerio presentó una propuesta de “Ley Mape”.
El pleno del Congreso de la República aprobó las mociones de censura planteadas argumentando falta de idoneidad para atender los problemas de los pequeños mineros y mineros artesanales.
Fueron 70 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones manifestadas al respecto. Durante la sesión se procedió a sustentar los dos pedidos de censura, presentados, respectivamente, por las bancadas de Fuerza Popular y de Podemos Perú.
Al sustentar la primera, el congresista Arturo Alegría, consideró que Mucho mostró “indolencia e incapacidad” cuando el jueves pasado presentó el proyecto de ley para la formalización de la minería artesanal y pequeña minería, conocida como Ley Mape. Argumentó que, con esta iniciativa, se pretende “cargarle este problema al próximo gobierno”.
Señaló que en la propuesta mencionada se delegan funciones que debería cumplir el Ejecutivo y “han perdido gran oportunidad para ponerle punto final a una problemática que afronta el país, que es la informalidad”. Por el contrario, se busca “mantener el estatus quo”, afirmó.
Segunda moción
La segunda moción fue sustentada por Guido Bellido, quien consideró que el proyecto gubernamental de la Ley Mape no llena las expectativas del sector de la pequeña minería y de los mineros artesanales. Afirmó que en el Ejecutivo “hubo descuido y desinterés” en este tema, afectando a cuatro millones de personas vinculadas al referido sector.
Consideró que la responsabilidad de presentar a destiempo dicha propuesta ha de ser asumida por el gobierno, puesto que dicha demora ha generado protestas y descontento, expresadas a través de bloqueos de carreteras.
En paralelo, mientras se desarrollaba la sesión del pleno del Congreso en la que se censuró a Mucho, en la Comisión de Energía y Minas se debatía el proyecto de ley para establecer nuevos plazos para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de los mineros artesanales e informales.
