El Gobierno peruano presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocido como la Ley MAPE, que busca ordenar y regular estas actividades económicas que se desarrollan en diversas regiones del país.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se presentó ante el Parlamento y afirmó que el proyecto propone la posibilidad de crear zonas especiales y áreas exclusivas para desarrollar actividades de pequeña minería y minería artesanal, en la que los titulares tendrán prioridad en la formulación de petitorios.
“Este proyecto de ley, que presentamos al Parlamento, busca que el Estado asuma su rol como promotor de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, estableciendo plazos y reglas con claridad para lograr que estas actividades se realicen con criterios de sostenibilidad, de acuerdo con la legislación vigente y con respeto al entorno social y ambiental”, detalló.
Mucho indicó que esta iniciativa legal no perjudica a quienes se estén formalizando bajo el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Cabe indicar que esa modalidad no ha podido solucionar este problema de más de 20 años.
“La propuesta de Ley MAPE promueve un ordenamiento para que los pequeños mineros trabajen bajo estándares técnicos y ambientales permitidos. Diversos expertos han trabajado en este proyecto y ha sido consensuado con los actores involucrados para establecer reglas claras”, señaló.
El ministro aclaró que esta iniciativa legal establece que, pasado el 31 de diciembre de 2024, se continúan tramitando los procedimientos de formalización minera, permitiendo que continúen con sus actividades quienes se encuentran inscritos en el REINFO, por lo tanto, no se convierten en ilegales, como se ha informado equivocadamente.
Sin embargo, Pedro Tacanga, presidente de los mineros de La Libertad, rechazó el proyecto de ley MAPE y pidió dos años más para formalizarse.
Ante esto, el ministro remarcó que la propuesta establece que los mineros inscritos en el registro continúen su trámite por 6 meses más en las direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas (DREM/GREM), y pasado ese plazo todo el trámite será derivado al MINEM, donde continuará hasta su culminación.
El ministro explicó, más adelante, que el proyecto fortalece las funciones de supervisión y fiscalización de los gobiernos regionales, permitiendo que contraten personal calificado (por tercerización) o que suscriban convenios con organismos como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Finalmente, el ministro fue claro en afirmar que, a la fecha, el Decreto Legislativo 1351 no permite que la Policía Nacional o el Ministerio Público sancionen las actividades de mineros ilegales que se amparan en el REINFO, sin embargo, el Proyecto de ley deroga dicha prohibición y permite el trabajo eficaz de estas instituciones, fortaleciendo el combate de esa ilícita actividad.
